Para iniciar el procedimiento habrá que alegar razones imperiosas de interés público. Sin embargo, no se especifica qué se considera de interés público. Para los ecologistas y la oposición, la nueva norma desprotege a los montes y favorece la especulación, además de abrir «una puerta muy peligrosa».

España tiene casi 28 millones de hectáreas de suelo forestal, un 54% de la superficie del país. El Gobierno explica esta actuación como «excepción en la Ley«. En el supuesto de la aplicación de la Ley de Montes, tendrán que adoptarse medidas compensatorias como recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada.

Manuel Torres, diputado el PP explicaba que la nueva regulación pretende evitar que no se lleven a cabo actuaciones de interés público por motivos de incendio.

El otro punto polémico de la Ley limita las competencias de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales. Creen que así será más difícil de identificar a los pirómanos.

Por otra parte, Alejandro Rodríguez, Coordinador de Agentes Forestales de Comisiones Obreras, lamentaba la limitación de su labor: «El trabajo que estabamos realizando desde hace un siglo de persecución de delitos medioambientales ahora mismo no podremos realizarlo. Quedamos supeditados a otros cuerpos de seguridad que no tienen los mismo conocimientos que nosotros».